Una excepción en la ley ambiental exime al puerto de pedir una dia para el dragado frente a el saler

VALÈNCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no pedirá una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para dragar un área de 350 hectáreas de fondo marino frente a El Saler, un material

que reutilizará para rellanar su nueva terminal de contenedores. A pesar de que la actuación se llevará a cabo más allá de los diques que delimitan la ampliación norte, fuera por tanto del

ámbito para el que la APV sí dispone de una DIA que sigue vigente, una excepción incluida en la Ley de Evaluación Ambiental le exime de tener que tramitar una nueva declaración. Tal como

publicó _VALENCIA PLAZA_, la ampliación norte del Puerto de Valencia, cuya segunda fase acaba de ser reactivada para la construcción del muelle y los diques de abrigo que se terminaron en

2012, incluye también trabajos de dragado tanto en la dársena como en un área frente al Puerto para permitir la maniobrabilidad de los mayores buques portacontenedores que se prevé que

operen en los próximos años. La APV extraerá del fondo marino 21 de los 23 millones de metros cúbicos de material que necesita para rellenar la explanada de la nueva terminal de

contenedores, de 140 hectáreas. Una parte serán obtenidos con el dragado de la dársena, pero la mayoría procederán de la mencionada área marina de 350 hectómetros aguas afuera. Ese dragado

es necesario para aumentar el calado del canal de acceso de los barcos a la nueva dársena hasta la cota de -22,5 metros. De lo contrario, no se podría asegurar la entrada en el puerto

valenciano de los mayores portacontenedores que se espera que estén operativos a corto y medio plazo, unos gigantes de 450 metros y 25.000 TEU de capacidad. Pese a estar fuera del ámbito

cubierto por la DIA de la ampliación, la APV no ha pedido una nueva declaración de impacto ambiental porque la legislación no se lo exige. En concreto, el artículo 7 de la mencionada ley no

contempla los dragados marinos entre los supuestos sometidos a la exigencia de una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Mientras, el anexo de la misma ley en el que se delimitan los

supuestos sometidos a evaluación ambiental simplificada se establece una excepción para los dragados marinos "cuando el objetivo del proyecto sea mantener las condiciones hidrodinámicas

o de navegabilidad". Por lo tanto, la APV destaca que al ser una de las excepciones expresamente previstas en la legislación ambiental porque el incremento de la cota del canal de

acceso se efectúa para asegurar la navegabilidad de los nuevos buques, no procede efectuar la evaluación de impacto ambiental. LA DIA, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA Se da la circunstancia de

que la evaluación de impacto ambiental de la ampliación norte del puerto se ha convertido en el principal argumento de los colectivos que se oponen a esa obra por su impacto en el entorno y

el riesgo de que agrave la regresión de las playas situadas al sur del puerto, entre ellas Pinedo o el espacio protegido de El Saler. Incluso la consellera de Medio Ambiente, MIREIA MOLLÀ,

pidió públicamente al Ministerio de Transición Ecológica que instase a la APV a tramitar una nueva DIA por considerar que la que tiene está obsoleta. Mollà anunció que enviaría una carta

para solicitarlo formalmente a la ministra Teresa Rivera, pero en la reunión que ambas mantuvieron en Madrid el pasado 27 de agosto la consellera de Compromís no trató el asunto. Por su

parte, los gestores del Puerto de Valencia, con AURELIO MARTÍNEZ al frente, siempre han defendido que la DIA que obtuvieron en 2007 continúa vigente y que las obras que se van a realizar

ahora son en realidad la segunda fase (relleno de explanada y muelles) de los diques que se finalizaron en 2012 como parte de la primera fase. La duda ha surgido porque, debido a los años en

los que la ampliación ha estado paralizada por la crisis, las previsiones sobre los buques portacontenedores que operarán en el futuro han variado. Por ello, la APV tuvo que encargar un

estudio para revisar el proyecto constructivo que concluyó que el diseño de la ampliación debía cambiar para asegurar la entrada y el atraque de megabuques de hasta 450 metros y 25.000 TEU.

La modificación del proyecto, en cuya primera fase ya se invirtieron 200 millones de euros, incluye cambiar por completo la ubicación del muelle, demoler parte de los diques de abrigo y

prolongar otro de estos diques. La APV asegura que no es una modificación "sustancial" que obligue a tramitar una nueva evaluación ambiental porque todos los trabajos se

desarrollan en aguas abrigadas y no generarían impactos adicionales sobre la línea de costa ubicada al sur del recinto.