Fondos dependientes de Victoria Rosell acaban a dedo en manos de su pareja

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Igualdad. | EP

Carlos Sosa, periodista y actual pareja de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha cobrado 12.000 euros por un contrato público concedido a dedo para la

producción, grabación y edición de la campaña del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas. Esta ha sido financiada con fondos del Pacto de

Estado contra la Violencia de Género, que fueron transferidos previamente a la Dirección General de Juventud del Ejecutivo de las Islas Canarias.

La adjudicación se realizó el pasado 18 de agosto a Clan de Medios, Comunicación y Marketing, una sociedad limitada de la que Sosa es administrador único. Al ser un contrato menor, se otorgó

a dedo. Como la cuantía es inferior a 15.000 euros, la Administración puede asignarlo sin recurrir a criterios objetivos de ponderación a través de un concurso público. La ley impide

adjudicar contratos públicos a un familiar, pero en este caso, al tratarse de un dinero que reparte el Gobierno entre las comunidades y que luego son estas las que lo distribuyen, no habría

irregularidad.

El pasado 23 de septiembre los resultados de esta adjudicación vieron la luz, con motivo del día contra la explotación sexual: tres cortos de treinta segundos -dos de ellos- y un minuto y

medio con el testimonio de personas críticas con la prostitución. Al final de estos vídeos se aprecia el logo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que significa que la

campaña ha sido financiada por los fondos dependientes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a cuyo cargo se encuentra con rango de directora general la magistrada

Victoria Rosell desde el 28 de enero de 2020.

Estos fondos han sido criticados por la «opacidad» con la que se gestionan, ya que al delegarse en otras administraciones no hay modo de controlar a qué se terminan destinando. Los últimos

1.000 millones de euros fueron repartidos entre entidades locales (100), comunidades autónomas (500) y organismos estatales (400), pero sin elaborar un mecanismo de seguimiento del mismo. El

logotipo es el único indicativo que existe para saber si una iniciativa ha sido sufragada con este dinero. THE OBJECTIVE ha intentado sin éxito recabar la versión tanto del Ministerio de

Igualdad como del departamento de Juventud de las Islas Canarias.

La empresa Clan de Medios, que se constituyó en enero de 2004, ha recibido 50 contratos a dedo en los últimos años. El primero que recibió de esta índole se remonta a abril de 2018, cuando

se le encargó la impresión de un «gigabanner». Los banners (publicidad digital), precisamente, fueron la justificación con la que recibió sus primeras adjudicaciones. Pero no fue hasta enero

de 2020, cuando Victoria Rosell se estrenó como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que la sociedad limitada de Carlos Sosa empezó a recibir cuantiosos contratos. La

mayoría, de la televisión pública de Canarias, tal y como adelantó Okdiario.

Entre julio de 2019 y julio de 2023, cuando el Gobierno autonómico estaba en manos del PSOE en alianza con Podemos y los regionalistas de Nueva Canarias, Clan de Medios percibió importantes

cantidades de dinero público. Entre los contratos concedidos, algunos por campañas navideñas y otros por campañas divulgativas para la concienciación de los jóvenes frente al coronavirus.

El más cuantioso lo recibió en junio de 2022, cuando su empresa se embolsó 14.800 euros -al borde del límite para ser considerado un contrato menor- por un «servicio consistente en la

realización y producción de unas jornadas sobre el Cambio Climático en Canarias». En lo que va de 2023, Carlos Sosa se ha embolsado más de 42.000 euros exclusivamente por contratos a dedo.

En 2019, la empresa de Sosa, con quien Rosell comparte su vida desde hace años, facturó 462.069 euros. En 2020, pese a la crisis del coronavirus, se disparó hasta los 833.810 euros. Y al año

siguiente alcanzó los 897.907 euros, según las cuentas societarias a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Aquel año su administrador único, además, percibió un sueldo de 89.658,90 euros.

Esta sociedad limitada cuenta con 19 empleados y un capital social de 3.006 euros. Entre sus objetivos sociales destacan «las actividades de prensa y radio; producción cinematográfica, de

vídeo y televisión, producción de espectáculos, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial».

Licenciado en Periodismo y Filosofía. Colaborador en distintos medios. Enemigo de la corrección política y defensor de la tradición como fuente de… Ver más

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