Pujol defiende que "nunca en el ejercicio de su alta función pública torció su recto y digno ejercicio" por dinero

EL EXPRESIDENTE CATALÁN PIDE SU ABSOLUCIÓN EN EL CASO DE LOS FONDOS QUE SU FAMILIA OCULTÓ DURANTE AÑOS EN ANDORRA EL EXPRESIDENTE CATALÁN JORDI PUJOL HA PEDIDO SU ABSOLUCIÓN EN EL CASO DE

LOS FONDOS QUE SU FAMILIA OCULTÓ DURANTE AÑOS EN ANDORRA al alegar que NUNCA «TORCIÓ SU RECTO Y DIGNO EJERCICIO» al frente de la GENERALIDAD NI DESOYÓ EL INTERÉS GENERAL «POR MOTIVACIONES

ECONÓMICAS» que favorecieran a su familia. Así lo sostiene el que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003 en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, remitido a la Audiencia Nacional

para pedir su absolución en el juicio previsto por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de los que le acusa la Fiscalía, que PIDE PARA ÉL 9 AÑOS DE CÁRCEL, ASÍ COMO ENTRE 8 Y 29 AÑOS

PARA SUS SIETE HIJOS. «No existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades

públicas», resalta el escrito de la defensa de Pujol, que mantiene que el dinero que ocultaron en Andorra durante años procedía de un legado de su padre Florenci ante la «profunda

inestabilidad política» y su «futuro incierto» por los «riesgos» que asumía al dedicarse a la política. En su escrito de acusación, LA FISCALÍA DESCRIBE CÓMO TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

PUJOL ACTUARON CONJUNTAMENTE PARA OCULTAR, AL MENOS DESDE EL AÑO 1991, UNA INGENTE CANTIDAD DE DINERO EN ANDORRA, «producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran

adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana». Por el contrario, el expresidente alega en su escrito que «nunca en el ejercicio de su alta función

pública (…) torció su recto y digno ejercicio, sin que resolviera o indujera por influjo a que otros lo hicieran, desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el

interés particular o de sus hijos». Tampoco existe un «solo ingreso» en el patrimonio de los hijos del expresidente y su esposa que tenga relación causal con un «abusivo e ilegítimo

ejercicio de su autoridad y potestades públicas», afirma el escrito, que apunta que la acusación no ha aportado pruebas en su contra. «Jordi Pujol i Soley, en la alta función pública que

desempeñó, no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo de prevalimiento sobre autoridades resolventes o funcionarios informantes en interés o a

petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por estos en esa dirección», agrega el escrito. Por este motivo, LA DEFENSA ARGUMENTA QUE LOS FONDOS FAMILIARES QUE

SUPUESTAMENTE LES LEGÓ FLORENCI PUJOL, que ascendían a 140 millones de pesetas en dólares, «NO GUARDAN RELACIÓN ALGUNA CON LA ALTA FUNCIÓN PÚBLICA» que Jordi Pujol desempeñó en la

Generalidad desde su primer nombramiento como presidente en 1980 hasta que cesó en 2003. El escrito destaca que Pujol arrancó su trayectoria profesional manteniendo una «fuerte vinculación»

con su padre Florenci, aunando esfuerzos en proyectos como los Laboratorios Fides o Banca Catalana. «Sin embargo, pronto la actividad política pasó a reclamar el mayor empeño y esfuerzo y,

es más, la propia actividad económica quedó también reorientada y al servicio del proyecto político», esgrime la defensa. En este contexto, el escrito alega que la «profunda inestabilidad

política» y los «riesgos» que Jordi Pujol asumía «producían una profunda inquietud y desasosiego» en su padre Florenci, «quien le aventuraba un futuro incierto para él y su ya entonces

numerosa familia». «En ese marco de preocupación y con voluntad de asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos, Florenci Pujol hizo saber a su hijo y nuera que

constituía un depósito en el exterior, con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo político que asumía Jordi

Pujol», resalta la defensa. La muerte de Florenci -en septiembre de 1980, poco después de que su hijo fuese elegido por primera vez presidente de la Generalidad- «fortalece la determinación

de respetar su voluntad con relación a mantener el depósito en el extranjero bajo la gestión de personas de confianza», que fueron por este orden Delfí Mateu, Joaquim Pujol y, en 1990, el

primogénito Jordi Pujol Ferrusola, según el escrito. Fuente: EFE