Sustituir el efectivo por dinero digital: ¿una decisión viable?
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Juan Francisco Albert Moreno recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Nerea Gómez Fernández recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación.
La digitalización y las nuevas tecnologías están cambiando nuestras sociedades a un ritmo vertiginoso y los medios de pago no son una excepción.
El dinero ha evolucionado como método de pago acorde a la tecnología de la época en múltiples formas: desde sal o conchas hasta el dinero bancario, pasando por los metales preciosos, los
cigarrillos en campos de prisioneros de guerra o la emisión de papel moneda.
No sería descabellado pensar que nuevos métodos digitales de pago como las criptomonedas basadas en la tecnología blockchain se impongan en nuestras sociedades.
La sustitución total o parcial del efectivo por una moneda digital podría conllevar sustanciales beneficios a nuestras economías. Eso sí, siempre que hablemos de una moneda digital pública y
controlada por el Banco Central (CBDC).
Por tanto, descartamos criptomonedas creadas por iniciativas privadas como el bitcoin o más recientemente la moneda libra lanzada por Facebook. Estas divisas pueden ser interesantes en
distintos contextos como, por ejemplo, países con una elevada inflación.
Sin embargo, estas monedas de carácter privado no cumplen con las características de lo que debería ser el “buen dinero” por varias razones:
Sufren de mucha volatilidad en su valor por motivos especulativos.
Su opacidad facilita la financiación de cualquier actividad ilegal que nos podamos imaginar de una forma sencilla e instantánea.
La implementación de una moneda digital pública y el consecuente fin del efectivo podría generar importantes beneficios dependiendo de su diseño. Entre esas ventajas encontramos las
siguientes:
La reducción de costes asociados a la impresión, el transporte o la seguridad de almacenaje de billetes y monedas. También disminuyen los gastos de transacción relacionados con las
trasferencias y el uso de contratos inteligentes.
A diferencia del efectivo, que es totalmente anónimo, una moneda digital pública deja huella: la autoridad monetaria puede rastrearla. Esto dificultaría enormemente la ejecución y
financiación de actividades ilegales como la corrupción, el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos y el tráfico de armas o drogas.
Desde una perspectiva macroeconómica, terminar con el efectivo podría servir como solución para hacer frente al problema del effective lower bound. El Banco Central podría implantar tipos de
interés negativos hasta el nivel necesario para estimular la demanda agregada y conseguir sus objetivos de inflación y crecimiento económico en un contexto de estancamiento secular.
A pesar de las potenciales ventajas señaladas que supondrían terminar con el efectivo, una decisión de está envergadura no está carente de retos e inconvenientes. Entre ellos, podemos
señalar:
Los problemas relacionados con fallos y ataques cibernéticos.
Los retos de índole legislativo y legal al necesitar una legislación capaz de regular de la mejor forma el nuevo sistema monetario.
El problema de acceso por parte de toda la población. Este es el obstáculo más importante. La decisión de terminar definitivamente con el efectivo debería tomarse con la total certeza de que
ningún ciudadano se queda al margen del sistema de pagos.
Dinamarca es uno de los países que ha hecho una apuesta más fuerte por conseguir la supresión del efectivo. Una medida que implementa de manera gradual.
Desde el 1 de enero de 2016, el Gobierno danés estableció que comercios y negocios pueden negarse a aceptar pagos en efectivo, con algunas excepciones, como las tiendas de alimentación, los
hospitales, las farmacias, las oficinas de correos y las residencias de ancianos.
Además, el Parlamento danés ha marcado 2030 como fecha límite para “erradicar el dinero en efectivo”, convirtiéndose en el primer estado que fija una fecha para esa desaparición.
Hemos analizado en un estudio si en la zona euro estamos preparados para dar el salto definitivo a un mundo de pagos totalmente digitalizado o si todavía vivimos muy pegados al efectivo.
Primero, hemos estudiado la inclusión financiera –el porcentaje de población con titularidad y uso de una cuenta bancaria– y el uso del efectivo en distintas transacciones habituales de los
individuos.
Los resultados demuestran que, aunque la Eurozona es un área con una elevada inclusión financiera, la participación de los ciudadanos en el sector bancario es relativamente menor que en
otros países de nivel de desarrollo similar como es el caso de los países nórdicos (Suecia y Dinamarca), Reino Unido o Japón. En consecuencia, también utilizamos más el efectivo a la hora de
hacer pagos.
Cuando hacemos un análisis desagregado por los países que componen la Eurozona, encontramos una elevada heterogeneidad.
Estados como Finlandia (con características similares a Dinamarca y Suecia) y los países del Benelux, Francia, Alemania, Austria y Estonia realizan un uso del efectivo menor.
Los países europeos mediterráneos y los del este de Europa (exceptuando a Estonia) presentan unos porcentajes mayores de uso del efectivo.
Por otra parte, hay algunos factores que empujan a las familias a usar más o menos efectivo. Los hogares con menor nivel educativo y menor nivel de ingresos suelen tener menos cuentas
bancarias y hacen menos pagos online y/o a través del móvil. En consecuencia, emplean más el efectivo.
El caso de España es singular. Por un lado, es uno de los estados que presenta una inclusión financiera más elevada. Sin embargo, también figuramos entre los que más utilizan el efectivo.
Concretamente, somos el segundo país donde mayor porcentaje de la población recibe salario en efectivo, solo por detrás de Chipe.
Aunque no disponemos de datos necesarios para explicar las razones de esta anomalía, es lógico pensar que los factores culturales, la mayor permisibilidad a la economía sumergida y la
desconfianza en el sistema financiero tras la crisis bancaria vivida en el año 2012 podrían estar detrás de nuestra situación.
En conclusión, para eliminar el efectivo en la eurozona, habría que implementar la legislación oportuna de forma muy gradual.
En cualquier caso, una opción recomendable sería contar con apoyo público, como ha ocurrido en países como Estonia, Suecia y Dinamarca. Esto facilita la digitalización de los medios de pago
a las rentas más bajas y con menor nivel de educación, dada su menor inclusión financiera y el mayor uso que hacen del efectivo.
Solo siguiendo estas pautas sería posible alcanzar una digitalización total y un sistema de pagos inclusivo que posibilite aprovechar las ventajas que brindan la tecnología blockchain y el
fin del efectivo.
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