Los accidentes de trabajo, un drama evitable | la verdad

Aunque pueda parecer sorprendente, no fue hasta el año 2022 que la OIT, en su 110ª Conferencia Internacional del Trabajo, incluyó el derecho a un ... entorno de trabajo seguro y saludable

entre sus Principios y Derechos fundamentales. Este retraso en el reconocimiento internacional de la seguridad y salud laboral como derecho fundamental es, sin duda, sintomático de lo

normalizada que está la siniestralidad laboral, incluso hoy en día, y a pesar de que supone una realidad dramática y, por desgracia, persistente. En nuestro país, el año pasado murieron 796

personas en accidente laboral, 21 de ellas en centros de trabajo de la Región de Murcia. Y si algo hay que dejar claro es que esas cifras no son solo números, son familias destrozadas por

muertes que, en muchos casos, podrían haberse evitado. Por ello, más allá de declaraciones institucionales, un día como hoy debería ser un día de acción, en el que hablemos con contundencia

por los que ya no pueden hacerlo, en el que exijamos avances reales e inmediatos para proteger de manera efectiva la salud y la vida de las personas trabajadoras. En primer lugar, hay que

visibilizar la siniestralidad como un problema estructural de nuestro mercado de trabajo, en el que influyen de manera decisiva, no solo las condiciones físicas de los entornos de trabajo

sino, también, la precariedad laboral, la falta de formación e inversión en prevención de riesgos o la insuficiencia de los recursos de inspección y control del cumplimiento de la norma

preventiva. Es cierto que en los últimos años hemos logrado avances significativos, como la consecución de nuevos instrumentos de planificación, primero, en el ámbito estatal y hace poco

menos de un año, también en el regional, donde ya contamos con una nueva Estrategia Regional de Seguridad y Salud laboral. Todo ello, indudablemente, permitirá orientar en la dirección

adecuada las políticas públicas, en tanto que se aumentan los recursos presupuestarios para prevención, se materializan acciones concretas de sensibilización y formación y se mejora la

coordinación de todos los actores implicados. Sin embargo, no significa que ya esté todo hecho. Aún queda mucho para lograr arraigar en las empresas un verdadero compromiso con la seguridad

y salud de las personas trabajadoras. Digámoslo claro: la actividad prevencionista que se reduce a burocracia y excluye a la representación de las personas trabajadoras no es eficaz. Y la

que no contempla de forma integral todos y cada uno de los riesgos, tanto físicos como psíquicos, que pueden impactar en la salud de las personas trabajadoras, tampoco lo es. En este

sentido, el ejemplo más palmario de las carencias que enfrentamos lo encontramos en el actual marco regulatorio y en la gestión empresarial de los riesgos psicosociales. A pesar de la

evidente vinculación de la salud mental con el trabajo y con las que son las primeras causas de fallecimiento en accidente de trabajo (infartos y derrames cerebrales), estos riesgos siguen

careciendo de una legislación diferenciada, no son objeto de una adecuada evaluación, ni de vigilancia en los reconocimientos periódicos y ni de medidas preventivas en las empresas y,

además, las patologías que de ellos derivan no figuran en el vigente cuadro de enfermedades profesionales, no pudiendo ser declaradas como tales. Por otro lado, muchas de las enfermedades

relacionadas con estos riesgos psicosociales, pero también, muchos cánceres y enfermedades cardiovasculares, tienen un origen multicausal, de modo que la exigencia legal de que traigan una

'causa exclusiva' en el trabajo para ser consideradas accidente de trabajo impide tal consideración y su tratamiento y asistencia se deriva y se hace a costa de los sistemas

públicos de salud, cuando debería estar a cargo de las mutuas. En UGT tenemos el firme objetivo de acabar con esta infradeclaración de las enfermedades profesionales, pero también, de

actualizar, con carácter general, la actual ley de prevención de riesgos laborales a través de la mesa de diálogo social abierta con ese objetivo, para incorporar nuevas perspectivas.

Debemos conocer los riesgos que pueden conllevar las nuevas formas de organización del trabajo, la digitalización y el empleo de nuevas tecnologías para anticipar medidas preventivas

específicas. Del mismo modo que resulta urgente generalizar una gestión preventiva que tenga en cuenta los efectos del cambio climático y nos permita actuar ante las cada vez más intensas y

largas olas de calor o los fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, debe tenerse en cuenta el envejecimiento de la población trabajadora y por supuesto, incorporar la perspectiva de

género de manera transversal, acabando con la desatención histórica de la ley y la práctica preventiva respecto a los riesgos y las patologías más frecuentes en sectores feminizados como el

de los cuidados o la limpieza y la ausencia de protocolos eficaces para el abordaje de los acosos sexuales o por razón de sexo y sus secuelas. En definitiva, urge revisar y mejorar el actual

sistema de prevención de riesgos laborales, porque lo que está en juego no es reducir estadísticas o evitar multas, sino proteger la vida de todas las personas que cada vez que acuden a su

puesto de trabajo, deberían poder volver a casa.