Los usuarios de villas caravaning en la manga del mar menor temen un posible cierre tras los últimos precintos | la verdad

Los residentes de Villas Caravaning, en La Manga del Mar Menor, amanecieron ayer con gran revuelo. Coches del Ayuntamiento y de la Policía Local irrumpieron ... en las instalaciones por la

mañana. Acudían a dar cumplimiento a la orden judicial que les ampara para proceder al precinto de hasta 81 instalaciones sin licencia. Según manifestaron los vecinos a este diario, la

comitiva municipal procedió al cierre de zonas comunes, entre ellas, las oficinas centrales, recepción, supermercado y pistas de tenis. El Ayuntamiento difundió declaraciones del concejal de

Urbanismo, Diego Ortega. El edil explicó que los precintos, más allá de las zonas comunes, se extenderían a todas las viviendas sin ocupantes en su interior. «Hay que recordar que son

varios los informes elaborados por los técnicos municipales del Ayuntamiento que advierten de que esas instalaciones son peligrosas porque incumplen las normas contra incendios, además de

incumplir también la normativa urbanística», expresó. Ortega señaló que, por estos informes, Villas Caravaning «tiene una orden de cierre, tiene la obligación de cesar la actividad y el

Ayuntamiento tiene la obligación de velar por la seguridad de las personas», afirmó el concejal, que precisó que «no hemos ido a desalojar a nadie». No obstante, el Ayuntamiento también

envió a varios equipos de Servicios Sociales por si algún residente requería de su asistencia. «Hay que recordar que esta actuación del Ayuntamiento tiene la seguridad como principal

motivo», insistió el edil. El presidente de una de las dos asociaciones que representan a los vecinos del caravaning, Juan García, expresó su oposición a la decisión tomada por el

Ayuntamiento. «Me parece ilegal y escandaloso», señaló el representante vecinal, que ayer no se despegó del teléfono ni de su abogado. García censuró que el Ayuntamiento se haya avenido a

cerrar las viviendas de aquellos propietarios que ayer no estaban presentes. «Nos han dicho que quien no esté, cuando vuelva, que acuda al Ayuntamiento y demuestre que ostenta la propiedad

de la vivienda para poder desprecintarla». A juicio de García, el Consistorio está buscando una reacción violenta de los usuarios para justificar un futuro cierre total de las instalaciones.

«Quieren que montemos bronca con la Policía Local», aseguró. «HAN CERRADO HASTA LA IGLESIA» En este sentido, García avanzó que su letrada presentará varios escritos al concejal Diego Ortega

para garantizar que los vecinos puedan seguir accediendo a sus viviendas. «No nos esperábamos estos cierres. Pensábamos que se podían salvar algunos negocios. Han cerrado hasta la iglesia»,

exclamó escandalizado. Según García, la Policía apenas ha dejado abiertos los aseos de la playa «porque había unos niños que estaban de campamento y han dicho que los cerrarían cuando se

fueran mañana en el autobús. Es monstruoso», clamaba. Los residentes han sido llamados este miércoles a una reunión informal convocada por la empresa explotadora de una mitad de las

instalaciones, la francesa Capfun. Los problemas en el camping comenzaron en 2021, cuando un incendio calcinó 19 parcelas y se llevó la vida de un turista alemán. Desde entonces, los vecinos

realizaron inversiones en seguridad con tal de esquivar un posible cierre. Según cifras de la mercantil, son más de 1.100 los propietarios individuales que residen dentro de las

instalaciones, a las que se suman 423 parcelas de camping y 320 mobil homes. * CAPFUN ASEGURA QUE LA DECISIÓN JUDICIAL LES OBLIGA A CANCELAR 20.000 RESERVAS «No entendemos esta decisión, que

es muy violenta», expresaron ayer desde Capfun. La firma francesa que explota las instalaciones calificó la situación de «simplemente catastrófica» y avanzó que los nuevos precintos les

obligaran a cancelar 20.000 reservas. «Estamos 100% de acuerdo en seguir trabajando con el Ayuntamiento para resolver esta compleja situación. Enviamos varios mensajes a los que no hubo

respuesta», subrayaron mostrándose abiertos a colaborar con el Ayuntamiento. En un comunicado, la mercantil excusó la instalación de 80 mobil homes sin autorización en que «no sabíamos nada

de esto y ya enviamos al Ayuntamiento una solicitud para regularizar la situación. Fue un error por nuestra parte». Sobre los nuevos aseos, explicaron que «el 8 de abril de 2025, se aprobó

en asamblea con todos los propietarios que queríamos renovarlos. Las empresas ya han sido seleccionadas y estamos esperando la autorización del Ayuntamiento para comenzar las obras. Los

sanitarios están actualmente cerrados. No hay ninguna mala voluntad», recalcaron. Asimismo, Capfun explicó que el Ayuntamiento les instó a redactar un Plan Especial. «Se ha elegido a un

ingeniero y hemos propuesto una reunión al Ayuntamiento esta semana, pero aún no hemos recibido respuesta», avanzaron.