El gobierno busca apoyos en el congreso para la regularización de 500. 000 inmigrantes | ideal

El Gobierno ha comenzado a negociar con los grupos parlamentarios una nueva regularización para conceder permisos de residencia y trabajo a unos 500.000 inmigrantes ... que han llegado a

España antes de 2025. El Ejecutivo toma como base una iniciativa legislativa popular (ILP), presentada en abril del año pasado con 600.000 firmas de apoyo, que todos los grupos del Congreso,

menos Vox, apoyaron y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa para permitir la regularización de quienes se queden fuera del Reglamento de Extranjería, que entró este martes en vigor. El

nuevo texto, impulsado por el PSOE en la Cámara baja, propone un «régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo» y plantea la fecha de llegada del 31 de diciembre del año pasado

como tope para los inmigrantes que quieran legalizar su situación, aunque se abre a negociarla durante el proceso parlamentario. Los beneficiarios de esta medida deberán cumplir ciertas

condiciones, como no tener antecedentes penales, demostrar su estancia en España desde ese periodo o acreditar su situación de vulnerabilidad, según el borrador del documento. La propuesta

socialista se marca como objetivo cubrir las carencias del nuevo Reglamento de Extranjería, que desde este martes ha abierto la puerta a la regularización de unos 300.000 inmigrantes en

España, pero que, según las organizaciones sociales, deja en el aire la situación de los solicitantes de asilo rechazados. «Bienvenido sea este debate, que ahora coge velocidad de crucero»,

se felicitó este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. La parte socialista del Gobierno cree que el texto puede recibir la luz verde del Congreso

antes del verano y convertirse en un decreto ley en los seis meses siguientes, pero el borrador del documento no ha contentado a ningún partido. Por una parte, a las formaciones más a la

izquierda les parece insuficiente. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, pidió que se debata la fecha del 31 de diciembre de 2024 porque «ya ha pasado tiempo» y que

se acorten los plazos de aprobación. Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reclamó al Gobierno aprobar la regularización por real decreto si «de verdad» tiene

«voluntad». En el otro lado, el documento recibió la contestación del PP, que acusó al Ejecutivo de inmiscuirse en la tramitación legislativa. «Nos sorprende que el Gobierno se entrometa de

esta forma en una cuestión que le compete solo a los grupos parlamentarios. La ley está en fase de ponencia y es en la ponencia donde se debaten las enmiendas», dijo el portavoz popular en

el Congreso, Miguel Tellado, que criticó a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, por negociar el texto «sin ser diputada». El PP reclama más requisitos para los inmigrantes

regularizados, como asumir los valores constitucionales, además de exigir que no se produzcan regularizaciones masivas. Los populares esgrimirán estas condiciones durante el trámite

parlamentario, pero en todo caso, parecen dispuestos a pactar una regularización «ordenada», en línea con la Conferencia Episcopal y Cáritas, que muestran una posición favorable a la acogida

de los extranjeros, y con las organizaciones empresariales, partidarias de la medida ante la escasez de mano de obra en el mercado laboral. También Canarias, gobernada por Coalición Canaria

en coalición con el PP, apoya el acuerdo. «No puedes condenar a los inmigrantes a vivir en la economía sumergida», subrayó ayer el presidente canario, Fernando Clavijo. Como cabía esperar,

Vox mostró un rechazo frontal a una iniciativa que considera «una tomadura de pelo y un desprecio infinito a España». «La nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo y mucho menos un

arma política para configurar el censo, que en última instancia es lo que busca el Gobierno de Sánchez», afirmó la portavoz en el Congreso, Pepa Millán. Vox registró una iniciativa para

modificar la vigente ley de Extranjería «al objeto de restringir la regularidad de inmigrantes ilegales a través del arraigo». PROTECCIÓN INTERNACIONAL El Reglamento de Extranjería dejaba en

el aire la situación legal de miles de irregulares. El PSOE asegura que el texto «mejora y flexibiliza los requisitos para que las personas extranjeras puedan obtener una autorización de

residencia», pero reconoce que «existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo», en referencia a las

personas cuya solicitud de protección internacional haya sido rechazada o a las personas con vulnerabilidad. Las ONG criticaban que el reglamento perjudicaba a los solicitantes de asilo, ya

que si sus peticiones son rechazadas deberán pasar entre seis meses y dos años en situación irregular para poder ser regularizados. También los jóvenes migrantes tutelados y extutelados ven

cómo sus condiciones para conseguir la regularización se endurecen. El Reglamento de Extranjería, el paso previo a la IPL que ahora negociará el Congreso, fue aprobado por el Consejo de

Ministros, a propuesta del departamento de Inclusión, el pasado 19 de noviembre y busca adecuar la norma a la situación migratoria actual, satisfacer las necesidades del mercado laboral y de

las personas migrantes y hacer frente al reto demográfico español. El reglamento establece cinco modalidades de arraigo a las que se podrán acoger los inmigrantes para solicitar su

regularización: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, una modalidad dirigida a las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos

dos años y no se hubiera renovado por alguna razón. También reduce el tiempo exigido de permanencia en España para acceder al arraigo de tres a dos años, flexibiliza los requisitos que se

deben cumplir y permite contabilizar tanto el trabajo por cuenta ajena como por propia desde el primer momento. Todas las autorizaciones iniciales serán de un año (salvo la familiar, que

llegará a los cinco) y las renovaciones, de cuatro. El documento, que entra este martes en vigor, «representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas

migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España«, afirmó la ministra de Inclusión, Elma Sáiz, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. «Aporta seguridad

jurídica, simplifica trámites y protege derechos, pero además, ofrece nuevas posibilidades a las personas que hayan decidido desarrollar su proyecto de vida en España, a ellas y a sus

familias», subrayó. En la misma línea que las ONG, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, avisó de que los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección

internacional «podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores». En el informe 'Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados', registrado en las Cortes

Generales, Gabilondo considera que los menores migrantes tienen que hacer frente a complejas prácticas administrativas que dificultan su integración.