La fiscalía rechaza el indulto a borràs por falta de «arrepentimiento» y pide que entre ya en prisión | ideal

La Fiscalía Superior de Cataluña se opone a que el Gobierno conceda un indulto a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, tanto parcial como total, ... después de ser condenada por

prevaricación y falsedad documental por favorecer con varios contratos a un amigo. El Ministerio Público no cree que la dirigente de Junts merezca el perdón del Ejecutivo porque no ha

mostrado «el más mínimo signo de arrepentimiento», tras ser condenada por «abuso de poder» en un delito de corrupción. Por ello, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña (TSJC) que ejecute la condena de cuatro años y medio de prisión que impuso a la dirigente de Junts. A finales del pasado marzo, el propio TSJC suspendió el ingreso en prisión de la

condenada por corrupción por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), al tiempo que pidió al Gobierno de Pedro Sánchez su indulto parcial. Según el Ministerio

Público la conducta delictiva en la que incurrió Borràs es «claramente merecedora de la imposición de las penas legalmente prevista» y destaca que «por el momento, las penas impuestas, no

han cumplido con el fin preventivo general y especial, por lo que deviene necesario su cumplimiento para evitar la comisión de nuevos delitos y afianzar la credibilidad en el sistema

judicial y en el buen funcionamiento de las instituciones públicas». El Supremo confirmó el pasado 10 de febrero una pena de cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una

multa de 36.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil. Borràs fue condenada por adjudicar de forma irregular a un amigo, mediante 18 contratos menores,

trabajos por valor de 335.000 euros durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes, organismo de la Generalitat. El Alto Tribunal rechazó que Borràs pudiera ser

amnistiada, ya que fue condenada por «corrupción». En marzo de 2023, al poco de conocerse la condena a la líder independentista, el propio Pedro Sánchez aseguró que se trataba de «un caso

flagrante de prevaricación», dando a entender que no apoyaría ese indulto, aunque no desveló de manera taxativa cuál sería finalmente su postura sobre esa medida de gracia, alegando que

había que esperar a que el Supremo se manifestara sobre los recursos. El pasado marzo, tras conocerse la petición del TSJC de pedir su indulto parcial, el ministro de Justicia no cerró, ni

mucho menos, la puerta ese perdón gubernamental. «En su momento, el Gobierno de España tomará la decisión, una vez que haya analizado y haya estudiado toda la documentación, porque este es

un asunto que, por supuesto, afecta a derechos fundamentales de una persona», afirmó Feliz Bolaños.