La junta considera que el reparto de menores migrantes vulnera el estatuto de autonomía | ideal

El decreto aprobado por el Gobierno el pasado 18 de marzo por el que se establecieron cuotas de reparto entre las comunidades autónomas de los ... menores migrantes llegados a Canarias

violenta el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Bajo esta premisa, la Junta de Andalucía prepara un recurso de inconstitucionalidad después de que el Consejo de Gobierno acordara instar a la

Consejería de Igualdad a iniciar el procedimiento. La portavoz de la Junta, Carolina España, lamentó que el Gobierno pretenda enviar menores a Andalucía sin aportar los recursos necesarios

para atenderlos cuando ya se vive una situación cercana al colapso después de que durante el año pasado llegaran 2.615 menores. De ellos, 634 lo hicieron bajo la apariencia de adultos y por

lo tanto sin la financiación necesaria para los servicios que la Junta de Andalucía está obligada a prestarles para su protección, alojamiento, manutención y formación. España adelantó que

el Gobierno andaluz se seguirá haciendo cargo de estas personas en cumplimiento de su deber y de sus competencias, pero advirtió de que son necesarios recursos «para poder atenderlos como se

merecen». El acuerdo adoptado este miércoles en el Consejo de Gobierno recuerda que el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que la competencia exclusiva en materia de protección de

menores corresponde a la comunidad, incluidas las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes. Así, considera que el decreto aprobado por el

Gobierno incide de manera directa en la libertad de circulación de los menores extranjeros, se excede en los títulos competenciales invocados y afecta a las competencias autonómicas en

materia de protección de menores, la solidaridad y la suficiencia financiera de Andalucía. CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN Desde la oposición han criticado la iniciativa del Gobierno andaluz y

acusaron a Juanma Moreno de poner la Junta al servicio de su partido. La portavoz socialista en el Parlamento, María Márquez, acusó a la Junta de utilizar la confrontación como sistema y

consideró indecente que se presente un recurso contra el decreto del Gobierno. Según Márquez, el Ejecutivo central ha transferido fondos por 50 millones de euros para financiar la acogida a

menores migrantes y la Junta sólo ha gastado 14 millones, por lo que no puede aducirse falta de recursos para no hacerse cargo de los menores. Según la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada

Nieto, la Junta «se pega un tiro en el pie» a presentar el recurso, ya que el decreto establece un sistema de reparto a su juicio equilibrado entre todas las comunidades que llegado el caso

podría beneficiar también a Andalucía si se produjera una entrada masiva de menores en este territorio. Además, aludió a lo que en su opinión es una utilización política de una situación que

afecta a menores de edad. «Debería darles vergüenza», sentenció. También José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, aseguró sentir vergüenza por el recurso. «Son niños y niñas sin

sus familias a los que se trata como mercancías defectuosas», dijo el portavoz, que aseguró que a la derecha «solo le valen los inmigrantes cuando crecen y les sirven para explotarlos en

los invernaderos». Para Rodrigo Alonso, de Vox, «el mejor recurso es acabar con el efecto llamada».