Andalucía aprueba el plan de inspección universitaria 2025-2026, que controlará a los campus privados de nueva creación | ideal

Europa Press Lunes, 28 de abril 2025, 10:52 Comenta Compartir La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha aprobado el Plan de Inspección Universitaria de Andalucía para el

periodo 2025-2026, el segundo que se pone en marcha desde la Administración autonómica para llevar a cabo labores de control y seguimiento de la actividad de educación superior

universitaria. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha firmado la orden que permite desarrollar dicho plan y, a principios de abril,

rubricó la que ha posibilitado la creación de la tarjeta de identificación de los inspectores. La Consejería ha orientado este servicio especialmente a los proyectos educativos que surgen de

la iniciativa privada, teniendo en cuenta que las instituciones académicas públicas cuentan con «numerosos mecanismos de vigilancia», entre los que destacan el control de los Consejos

Sociales, las auditorías externas y los propios informes de la Cámara de Cuentas, ha apuntado la Junta en una nota de prensa. Tal y como recoge el BOJA, este instrumento presenta dos

novedades que permitirán ampliar tanto su campo de actuación como su alcance temporal. Por un lado, se aplicará, además de a los centros de enseñanzas universitarias que ofertan formación y

expiden títulos conforme a sistemas educativos extranjeros, a las universidades privadas de reciente creación. De igual modo, pasará de tener una vigencia de un año a dos, debido a que el

Plan de Inspección de 2024 se activó en septiembre de ese ejercicio y contó con pocos meses para llevar a cabo las tareas establecidas. Al disponer la nueva planificación de dos anualidades,

será posible concluir tanto las acciones ya iniciadas anteriormente como las nuevas encomendadas. En virtud de esas directrices marcadas por la Consejería, el plan bienal tendrá dos líneas

principales de actuación. La primera de ellas contempla la realización de visitas de inspección a las universidades privadas reconocidas y que hayan iniciado su actividad para verificar el

cumplimiento de los requisitos exigidos para su creación y el cumplimiento de sus obligaciones. Atendiendo a ello, «se velará por que estos proyectos respeten las condiciones y compromisos

establecidos al reconocerse su condición de universidad o al aprobar la creación de centros o su adscripción, o para la impartición de enseñanzas». También se pondrá atención en que sólo se

utilice la denominación de universidad o las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter oficial o títulos universitarios no oficiales cuando se cumplan los requisitos para ello,

y que no se utilicen tampoco denominaciones que puedan inducir a confusión. Asimismo, se controlará que sólo impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grado, máster y

doctorado las facultades, escuelas, institutos u otros centros propios o adscritos a las universidades privadas, siempre que cumplan las exigencias requeridas. Además, se inspeccionará que

se respeten las reglas sobre publicidad de universidades, centros, títulos y enseñanzas, así como los deberes de información. Por su parte, la universidad privada inspeccionada estará

obligada a colaborar con la Consejería de Universidad en esta tarea de control, facilitando la documentación requerida o el acceso a sus instalaciones. La Consejería solicitará a la

institución académica las auditorías a que esté obligada según su Ley de reconocimiento, con objeto de verificar que se mantienen las condiciones de viabilidad económica que se han tenido en

cuenta para su creación. De igual modo, pedirá la memoria anual detallada que comprenda las actividades docentes que en ella se realicen, las líneas de investigación, sus resultados, así

como la inversión que lleva a cabo en I+D+I. También las titulaciones que se imparten, el alumnado matriculado, el personal docente e investigador contratado y el personal de administración

y servicios. Con esto se pretende comprobar que «no se ha producido modificación de las condiciones esenciales del reconocimiento de la universidad». Al margen del seguimiento de las

universidades privadas, el plan continuará vigilando la actividad de los centros que imparten enseñanzas universitarias de acuerdo con sistemas extranjeros. En el marco de la planificación

anterior, ya se realizó una prospección para determinar la existencia de este tipo de instituciones en las ocho provincias andaluzas. En el recién aprobado ahora se programarán visitas de

inspección o requerimientos de documentación tomando como base esa labor de análisis previo con el fin de comprobar que los centros localizados disponen de un plan de desarrollo de la oferta

docente que deberá detallar los títulos universitarios, la tipología y la modalidad de enseñanza, las plazas ofertadas, la duración, la carga en créditos y el año de inicio de la

impartición de cada título. Comenta Reporta un error