El gobierno ve convalidado su decreto para el reparto obligatorio de menores migrantes con pp y vox en contra

Nueve meses después de un primer intento fallido de reforma, el Gobierno consigue ver convalidado definitivamente su DECRETO LEY PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE EXTRANJERÍA, que

hace OBLIGATORIAS LAS ACOGIDAS para las comunidades autónomas. Ya vigente desde hace tres semanas, tras su aprobación en Consejo de Ministros, la norma exigía su paso por el Congreso de los

Diputados. Allí, la mayoría de la legislatura que apoya a PSOE y Sumar, refrendó el decreto. En la negativa se posicionaron PP y Vox. Unión del Pueblo Navarro se ha abstenido. La votación se

ha decidido por 179 votos a favor, 170 en contra y la abstención de UPN. Los populares, que en las horas previas incluso se abrían a una abstención, no atendieron al llamamiento del

ministro de Política Territorial, ÁNGEL VÍCTOR TORRES, durante su defensa del decreto, para TENER "ALTURA DE MIRAS". Hubo una apelación directa a los diputados populares de las

circunscripciones canaria, ceutí y melillense, todo pese a que el Gobierno ya tenía atados los votos de Junts, la pieza esencial que en julio del año pasado optó por tumbar la reforma junto

a la oposición. El pacto con los posconvergentes se anunció el 18 de marzo. "Tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa a esta crisis

humanitaria, porque son de allí", dijo Torres al PP. Incluso, en su última intervención política antes de someterse a una operación por el cáncer que padece, INTERPELÓ A VOX SIN ÉXITO

PARA QUE APOYASE LA LEY "PESE A PARECER UN ILUSO". Las comunidades del PP, al menos la receptoras de ese reparto de menores no acompañados, PRESENTARÁN RECURSOS DE

INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TC. En esta misma jornada lo ha anunciado la Región de Murcia y lo ha presentado Andalucía. En el caso, la comunidad liderada por JUANMA MORENO lo justifica por

"una cuestión de dignidad institucional de los andaluces" a una medida concebida como "un atropello burdo del independentismo catalán". Aragón o la Comunidad de Madrid

están en esa línea. La posición contraria de los populares, a nivel general responde al acuerdo con Junts que permitió el desbloqueo para la aprobación del decreto. Para el reparto se

utiliza un sistema de ponderación basado en densidad de población, renta per cápita, tasas de desempleo y esfuerzo realizado en el pasado. Esto hace que MADRID SEA LA COMUNIDAD QUE MÁS

MENORES DEBERÁ ACOGER, 806, MIENTRAS QUE CATALUÑA LA QUE MENOS CON 26 DE LOS 4.400 MENORES QUE SE DISTRIBUIRÁN. > Pese a que el Gobierno se respalda en las acogidas previas para > 

situar a Cataluña en el último lugar, pactada la transferencia de > competencias en inmigración, Madrid acogió más en 2024 Los populares reprochan que el acuerdo nace viciado por los

intereses de Junts, pese a que el Gobierno insiste en ese principio de anterioridad. Según los datos de acogida por comunidades cerrados en diciembre, MADRID ACOGIÓ 2.442 JÓVENES FRENTE A

2.242. A Madrid le sigue Andalucía (796), la Comunidad Valenciana (477), Galicia (326), Castilla y León (309), Castilla-La Mancha (291), Murcia (190), Aragón (186), Cantabria (170),

Extremadura (169), Navarra (164), La Rioja (154), Asturias (151), País Vasco (87), Baleares (58) y Melilla (34). En el debate parlamentario del decreto, la diputada ANA ALÓS, vicesecretaria

de Políticas Sociales de Génova, acusó al Gobierno de plantear una "chapuza administrativa con gravísimas consecuencias jurídicas y de seguridad". "Es un parche que se limita

a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas de raíz, ni el control efectivo de fronteras, ni los acuerdos de retorno eficaces, ni la lucha contra las mafias", dijo la

popular, después de meses de negociaciones con el Gobierno que fracasaron. El PP pide una actuación de acuerdo al PACTO MIGRATORIO EUROPEO que frene las rutas migratorias como la canaria.

Entre otras cosas, además de que el Ejecutivo asuma el coste y el asilo cuando una comunidad sobrepase el 150% de la ocupación de centros, es que se deje intervenir a FRONTEX en las islas.

Desde Vox, la portavoz parlamentaria PEPA MILLÁN, consideró que esta medida azuza el "efecto llamada". Tildó el discurso de Torres de "hipócrita y lacrimógeno". Al PP le

instó a no asumir la política migratoria de los socialistas "de ningún modo". "Esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación que no se merece sufrir ningún

español". TORRES: "ES UNA PROPUESTA MEJOR Y MÁS COMPLETA" En su discurso, Torres afirmó que el decreto vigente es "mejor" y "más completo" que la propuesta

de reforma de julio de 2024 que acabó en papel mojado. La proposición de ley para la modificación de Extranjería se limitaba a Canarias, Ceuta y Melilla y ahora "se extiende a todas

las comunidades" que puedan verse en situación de desbordamiento. El ministro, en todo caso, se muestra "abierto" a posibles modificaciones de mejora en el futuro con

enmiendas o aportaciones, dado que se tramitará como proyecto de ley. Desde Junts, el diputado JOSEP MARÍA CERVERA destacó la postura de su partido, en favor de la "solidaridad, la

defensa de derechos y el compromiso de Cataluña también en el ámbito de acogida". Cree que ahora se pone "fin a un sistema de reparto que no funcionaba" por el

"incumplimiento". La diputada de Coalición Canaria, CRISTINA VALIDO, no entiende este decreto como "un favor" a Canarias, sino como una solución de "justicia" y

de respeto a los menores. "Esto es responsabilidad de todos", trasladó a la Cámara Baja.