El ayuntamiento de león se enfrenta a la ofensiva social de recursos contra la tasa de gersul

La patada a seguir del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León con la polémica de la tasa de tratamiento de residuos de Gersul de 2024 le aboca a la lucha judicial para defender el cobro

de 5.132.990,70 euros. A la espera de que inicie ahora las notificaciones, cinco meses después de que venciera el ejercicio fiscal y se derogara la ordenanza que sustentaba el tributo, la

asociación de consumidores Facua ha remitido un escrito al alcalde, José Antonio Diez, en el que le advierte de que, si no desiste en su intención de querer recaudarlo, iniciarán una campaña

masiva de recursos judiciales y llevarán el caso a la Fiscalía. El escrito se suma a la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por una empresa y un particular. Por

encima de este recurso, notificado estos días para emplazar a cualquier interesado a que se sume al procedimiento, la acción de Facua avanza la organización de un frente social armado

alrededor de los 85.586 contribuyentes. En caso de que la justicie les dé la razón, haría perder al Ayuntamiento de León 4.683.490,27 euros: 4.244.541,02 euros del pago hecho a la Diputación

por el uso de la planta de tratamiento de residuos y 448.949,25 euros de las notificaciones con acuse de recibo a cada contribuyente encargadas a Correos. Solo libraría los 449.500 euros de

la diferencia entre los 5.132.990,70 euros que pensaba recaudar y lo que paga a otros; una cantidad que pensaba invertir en contenedores. Facua insiste en que «la «falta de eficacia y

eficiencia en la gestión», como afeó el interventor en su informe del 19 de septiembre remitido al alcalde, no debe ir en perjuicio de los administrados». «Por todo ello, solicitamos que

atendiendo al presente escrito adopte las medidas tendentes al cese en la notificación y el cobro fuera de plazo de la tasa de tratamiento de basuras del ejercicio 2024, al no haberlo

notificado en plazo y encontrarse su regulación derogada», se expone en la reclamación presentada ante el consistorio. El documento abunda en que, «en caso de hacer caso omiso a este

requerimiento», la organización de consumidores Facua considerará que «de modo consciente» el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León está «adoptando un acuerdo contrario a la ley y con

consciencia de ello». Sobre esta base, apostilla, pondrían «los hechos en conocimiento de la Fiscalía», además de que alentarían «una campaña de recursos judiciales frente a las

liquidaciones practicadas». Facua defiende que el Ayuntamiento de León «ni siquiera notificó a los contribuyentes, como estipula la ley para los nuevos tributos en su primer ejercicio

fiscal, y además derogó la ordenanza a 31 de diciembre de 2024». Esa normativa, como reseñan los consumidores, «sólo se hizo para que estuviera en vigor de manera transitoria en 2024, cuando

el consistorio de la capital leonesa asumió la gestión de los recibos que antes llevaba el consorcio provincial de Gersul desde la Diputación», pero «se anuló a 31 de diciembre de 2024». La

argumentación defiende que «es improcedente el cobro del ejercicio 2024». No se puede hacer, insisten, «porque hubo de ser notificada con acuse de recibo a los administrados y el

Ayuntamiento dejó correr los 12 meses sin notificar de manera expresa el nuevo tributo de tratamiento de residuos (y sin notificarla no hay padrón del tributo)», pero sobre todo porque

«ahora que quiere hacerlo se apoya en una ordenanza ya derogada». Frente a esta defensa, el Ayuntamiento se enroca en que los recibos tienen cuatro años para prescribir y que el devengo de

la tasa, a 1 de enero de 2024, existió. Aunque deberá demostrar que no importa que la nueva ordenanza derogara a 31 de diciembre de 2024 la anterior antes de que se notificaran los recibos.

EL AYUNTAMIENTO PERDERÍA 4,68 M€ SI LA JUSTICIA LE CONDENA A PAGAR La polémica de la tasa de tratamiento de basura reedita la pugna judicial que el Ayuntamiento de León perdió en 2008 por la

publicación irregular del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Entonces, el fallo se debió a que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que se contenía la ordenanza fiscal con la

subida del 26,4% aprobada para ese año no se publicó el 31 de diciembre de 2007, sino el 2 de enero de 2008 en su versión digital y el 3 de enero en la impresa, lo que impedía que pudiera

entrar en vigor a 1 de enero de 2008 como se pretendía. El PSOE, que gobernaba en ese mandato junto a UPL, se enrocó en la validez del impuesto y giró los recibos con la subida. Frente a

esta acción, se organizó un frente ciudadanos y empresarial que inundó el Ayuntamiento de León con 61.500 recursos, más de la mitad de las 115.400 unidades urbanas del padrón de ese

ejercicio. Los socialistas se embarcaron en un proceso que terminó con la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmaba a las anteriores instancias y decretaba la ilegalidad de la tasa.La

aplicación la hizo ya en 2012 el gobierno del PP, con Emilio Gutiérrez como alcalde, quien decidió que no sólo se les devolviera la subida a quienes habían recurrido, como obligaba la

sentencia, sino a todos los contribuyentes mediante la compensación en los siguientes recibos. En ese caso, la cuenta ascendió a 8,4 millones de euros que el Ayuntamiento tuvo que devolver.

Pero con la tasa de la basura la incendia es mayor. Si la justicia da la razón a los demandantes, el consistorio perderá los 4,68 millones, puesto que no sólo tendrá que reintegrarlos a los

contribuyentes, sino que ya se los ha pagado a Gersul y Correos con fondos propios.