La Corte de Brasil impone otro límite a Bolsonaro y le impide nombrar al jefe de la Policía Federal

El Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso otro límite institucional al presidente Jair Bolsonaro​ al bloquear el nombramiento de un nuevo jefe de la Policía Federal, exhibiendo la

creciente debilidad política del mandatario, que volvió a atacar a gobernadores y alcaldes por las medidas de distanciamiento social impuestas para combatir el coronavirus.

La decisión del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes suspendió la designación del comisario Alexandre Ramagem al frente de la Policía Federal, una indicación de Bolsonaro cuestionada

en la corte por un partido político opositor, que denunció que el presidente había hecho el nombramiento a través de “abuso de poder por desvío de finalidad".

Tras la decisión judicial, el gobierno anuló la designación y dijo que no apelaría ante el STF. Pero fue solo por unos minutos. Luego, al poner en funciones a André Mendonça como nuevo

ministro de Justicia, Bolsonaro aseguró que respeta las decisiones y la independencia del Poder Judicial, pero manifestó esperanza de que su “sueño” de que Ramagen sea jefe de la Policía

Federal “se concrete en breve”. En ese sentido sostuvo un rato despues que apelará la decisión del Tribunal. "Es un deber hacerlo porque quien manda soy yo", proclamó.

En la ceremonia, Mendonça, un abogado y pastor evangélico con buenas relaciones en el medio jurídico y tránsito abierto en el STF que prometió un trabajo técnico, se definió como un “siervo”

y elogió a Bolsonaro, al que llamó “un profeta en el combate al delito”.

El nuevo ministro reemplazó en el cargo a Sergio Moro, quien renunció la semana pasada acusando a Bolsonaro de querer cambiar al jefe de la Policía Federal para interferir en investigaciones

y proteger parientes y políticos cercanos.

Ramagem es un comisario de relación cercana con Bolsonaro, al que custodió después del atentado a cuchilladas que casi le costó la vida en el 2018, cuando era candidato presidencial. Moro lo

elogió al salir del gobierno, pero dijo que el riesgo era la intervención política en la Policía Federal, un organismo altamente profesional celoso de su autonomía que auxilia al STF en una

investigación abierta para identificar a los organizadores de una campaña de diseminación de noticias falsas y amenazas contra miembros del tribunal.

Denuncias de parlamentarios señalan a miembros de la familia del presidente, entre ellos su hijo Carlos, concejal en Río de Janeiro, como involucrados en esa campaña.

Para analistas, la decisión del STF muestra, otra vez, que las instituciones democráticas brasileñas son fuertes y actúan, y que tanto el Poder Judicial como el Congreso recuerdan al Poder

Ejecutivo, a su tiempo, que el poder es dividido y no absoluto.

La frustrada indicación de Ramagen al frente de la Policía Federal sólo tiene un responsable, el propio presidente, que había sido advertido por asesores que la designación sería objeto de

disputas judiciales.

De Moraes dijo que designar un comisario cercano a la familia Bolsonaro en la jefatura de la Policía Federal constituye “inobservancia de los principios constitucionales de impersonalidad,

de moralidad y de interés público”, agregando que “en un sistema republicano no existe poder absoluto o ilimitado, porque sería negar al propio Estado de Derecho”.

En la decisión, De Moraes agregó que la Policía Federal no es un órgano de inteligencia de la Presidencia de la República y recordó que ejerce funciones de policía judicial, “incluso en

varias investigaciones reservadas”.

La decisión del juez del Supremo llegó horas después de que Bolsonaro realizara declaraciones chocantes sobre la propagación del coronavirus, que provocó más de 5.000 muertos en Brasil desde

el inicio de la pandemia.

El bloqueo a la designación de Ramagem sigue a otros límites del Poder Judicial a decisiones de Bolsonaro y su gobierno.

Semanas atrás, cuando Bolsonaro se refirió al coronavirus como una “gripecita” y dijo que a los brasileños había que estudiarlos porque no se contagian nada pese que se sumergen en las

cloacas, el Supremo dijo que era potestad de los estados y ciudades decidir sobre cuarentenas y restricciones a la movilidad personas.

La corte, además, instó al gobierno federal a coordinar medidas con estados y municipios, imponiendo un obstáculo legal a una eventual arremetida de Bolsonaro contra las cuarentenas.

Otro juez del STF, Gilmar Mendes, dijo en ese momento que el presidente de Brasil puede mucho, pero no tiene poder para, si quisiera, “ejercer una política pública de carácter genocida”.

En las últimas semanas, otras determinaciones de la justicia fueron en contra de decisiones de Bolsonaro y su gobierno.

Días atrás una jueza federal ordenó al Ministerio de Defensa retirar de su sitio web una nota en defensa del golpe militar de 1964. Otra magistrada emplazó al gobierno a divulgar los

exámenes hechos por Bolsonaro para identificar si había sido infectado por el coronavirus, lo que nunca ocurrió. La decisión fue apelada por el gobierno.

El presidente aseguró que “quiero demostrar que tengo el derecho de no mostrar. ¿Para qué? Dentro de poco quieren saber si soy virgen o no, voy a tener que presentar exámenes de virginidad.

Da positivo o negativo, ¿ustedes qué piensan?”, preguntó a periodistas.

Brasilia, corresponsal

Corresponsal en Brasil. [email protected]

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