A juicio la exconsejera catalana de salud por la demora en la vacunación de policías y guardias

La EXCONSEJERA CATALANA DE SALUD Alba Vergés, así como otros tres exaltos cargos de su departamento, tendrán que sentarse en el banquillo por la DEMORA PREMEDITADA EN LA VACUNACIÓN CONTRA EL

COVID DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES destinados en Cataluña. Así consta en ... un auto del Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, al que ha tenido acceso ABC, que decreta la apertura de

juicio oral contra los cuatro acusados por prevaricación administrativa y un delito contra los derechos de los trabajadores. Ahora queda en manos de la Audiencia Provincial fijar la fecha.

El auto de apertura de juicio llega después de que tanto la Fiscalía, como las acusaciones particulares, que ejercen Jucil y Jupol, presentasen sendos escritos de acusación contra la antigua

cúpula del Departamento. La asociación de guardias y el sindicato de policía solicitan tres años de prisión y otros 13 de inhabilitación, así como una multa de 72.000 euros, mientras que el

Ministerio público solicita 12 años de inhabilitación para Vergés por haber «DISCRIMINADO» A POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES AL RETRASAR SU VACUNACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS, prevista para marzo

de 2021. Acusa así Vergés de haber acordado «paralizar» el proceso de inmunización de los agentes de forma conjunta con su número dos, Marc Ramentol; de quien fuera director general del

Institut Català de la Salut (ICS) Josep Maria Argimon -que luego sustituyó a Vergès como consejero- y el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, para quienes solicita

las mismas penas. Apuntó así el Ministerio público que tanto la titular de Salud como los otros tres acusados eran «plenamente conscientes» de que al posponer la vacunación de policías y

guardias los estaba «discriminando», AL QUEDAR «DESPROTEGIDOS ANTE EL VIRUS» mientras la mayoría de efectivos de Cuerpos locales y autonómicos, «ya estaban protegidos». Considera así que

todos ellos decidieron «paralizar el programa de vacunación» que se había fijado y «priorizar» la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, «en detrimento de dichos funcionarios,

salvo si tenían edades comprendidas en ese margen». Una decisión que tomaron desde la Generalitat «a pesar de ser conocedores» de que en esa fecha sólo estaban vacunados un 2,8 por ciento de

los guardias civiles y un 3,6 por ciento de los policías nacionales, frente al 77 por ciento de mossos y guardias urbanos, el 77,9 por ciento de policías locales y el 68,9 por ciento de

bomberos. Fue la víspera del inicio de la vacunación masiva de los funcionarios cuando Salud comunicó que el plan de inmunización «quedaba paralizado hasta que se dispusiera de suficientes

vacunas».