Castilla y león rechaza la condonación de la deuda autonómica por ser «un peaje político» y carecer de «rigor»

LA JUNTA PRESENTA ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY QUE QUIERE APROBAR EL GOBIERNO Y QUE VE «CONTRARIO AL INTERÉS GENERAL DE ESPAÑA» 30/05/2025 a las 11:34h. La Junta de Castilla y León ha

presentado alegaciones a la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común en

las que reitera su «oposición» a una medida que considera «un pago a un ACUERDO DE INVESTIDURA SIN UN ANÁLISIS TÉCNICO RIGUROSO ni participación multilateral de las autonomías». Además,

concluye que esta quita «no soluciona el problema estructural de financiación» y «simplemente» sirve para «mutualizar la deuda al transferirla al Estado». Además, considera que los criterios

incluidos en la norma SON «ARBITRARIOS». Entre los argumentos remitidos por el Ejecutivo Autonómico se señala que «la condonación aislada es SOLO UN 'PARCHE'» y denuncia que «se

decide sobre la autonomía financiera» de las comunidades «sin contar con su participación». EL «PAGO DE APOYOS POLÍTICOS» Critica además que no se ha presentado «ningún estudio» en el que se

«garantice» que el traspaso de deuda autonómica al Estado «vaya a resolver el problema de dificultad de acceso al mercado que padecen algunas comunidades». También rechaza que la medida «NO

APORTA RECURSOS ADICIONALES», por lo que concluye que el endeudamiento «seguirá creciendo», por lo que sentencia que «se trata de una medida cortoplacista que busca el pago a apoyos

políticos». Además, con la mutualización que denuncia afirma que Castilla y León «sería perjudicada» al «INCREMENTARSE» EN 523 EUROS LA DEUDA POR HABITANTE. También argumenta que los

criterios propuestos para cuantificar la quita «son arbitrarios e ideológicos, penalizando la reducción de impuestos y la sostenibilidad de las finanzas públicas» cuando, sostiene, que

cualquier reparto «debe basarse en CRITERIOS OBJETIVOS, EQUIDAD, IGUALDAD Y EFICIENCIA». Para finalizar, destaca que «la mayoría» de las autonomías, instituciones y analistas «se oponen» a

la medida que el Gobierno pretende legislar, al considerarla «CONTRARIA AL INTERÉS GENERAL DE ESPAÑA», además de que la Junta afirma que vulnera « los principios constitucionales de

solidaridad, igualdad y autonomía financiera» de las comunidades. Reportar un error