Dificultad para encontrar atención de salud mental

ES HORA DE HACER UN CAMBIO La buena noticia es que en los últimos dos años, se ha luchado para obtener una mejor cobertura de salud mental para quienes reciben Medicare. Durante la crisis de

COVID-19, el Gobierno federal flexibilizó temporalmente las restricciones relacionadas con la atención de salud mental mediante consultas de telesalud. En diciembre del 2020, el Congreso

dio un paso aún mayor al hacer permanente el acceso a la telesalud. “Ha sido un logro importante en cuanto a aumentar el acceso a los profesionales de la salud mental”, dice Adcock,

“particularmente en áreas rurales donde hay aún menos proveedores de salud mental”. Según la nueva ley, quienes reúnen los requisitos para recibir Medicare podrán usar la telesalud para el

diagnóstico, el tratamiento o la evaluación de trastornos de salud mental. Esto incluye asesoramiento, psicoterapia y evaluaciones psiquiátricas. También elimina las restricciones

geográficas, lo que permite que los beneficiarios de Medicare reciban servicios mediante consultas de telesalud sin tener que salir de su hogar. Hay algunas restricciones; por ejemplo, en

algunas circunstancias, los pacientes deben tener una relación en persona con el proveedor antes de la sesión de telesalud, como al menos una visita en persona con el proveedor en los

últimos seis meses. Además, en noviembre del 2021, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron que “por primera vez fuera de la emergencia de salud pública por COVID-19,

Medicare pagará las visitas de salud mental proporcionadas por clínicas de salud rurales y centros de salud con aprobación federal a través de la tecnología de telecomunicaciones, incluidas

llamadas telefónicas solo con audio. Esto ampliará el acceso para las poblaciones rurales y otras poblaciones vulnerables”.  Y la Mental Health Access Improvement Act (ley para la mejora

del acceso a la salud mental), propuesta en el 2021 y presentada en el Senado, ampliaría el número de proveedores que pueden brindar servicios de salud mental y conductual a los

beneficiarios de Medicare. En la actualidad, los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales clínicos y los enfermeros psiquiátricos pueden hacerlo; los asesores en salud mental y

los terapeutas matrimoniales y familiares no reciben reembolsos de Medicare por sus servicios. La legislación agregaría aproximadamente 225,000 proveedores de salud conductual autorizados

al grupo de proveedores que brindan servicios a los beneficiarios de Medicare. El Congreso está analizando más detenidamente los problemas de salud mental y conductual, y ha llevado a cabo

varias audiencias en los últimos meses para hablar sobre los obstáculos y las soluciones. Según Andrew Scholnick, representante legislativo sénior de AARP, “los legisladores se han dado

cuenta de que la falta de acceso y cobertura relacionados con los servicios de salud mental es un problema constante. Y la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las necesidades de salud mental

insatisfechas y ha destacado las continuas dificultades que enfrentan las personas para acceder a tiempo a servicios de salud mental de calidad”. El presidente Biden se ha comprometido a

convertir la salud mental en una prioridad y ha presentado una estrategia que complementaría los cambios que se están produciendo en la actualidad. Como parte de su propuesta, el presidente

prometió ampliar la disponibilidad de servicios comunitarios de salud mental mediante, por ejemplo, el incremento de fondos para aumentar el número de clínicas comunitarias certificadas de

salud conductual (CCBHC), las cuales brindan atención de salud mental y cuidados para tratar el consumo de sustancias, independientemente de la capacidad del paciente para pagar. Y, en un

esfuerzo para aliviar la escasez de proveedores de atención de salud mental, la propuesta del presidente incluye casi $700 millones para brindar capacitación, incluido el acceso a becas y

préstamos, a profesionales especializados en salud mental y en el tratamiento de uso de sustancias que brindan servicios en comunidades desatendidas.  La propuesta debe aprobarse para

convertirse en ley, pero los defensores de la salud mental se sienten alentados por este reconocimiento de alto perfil que admite que el país enfrenta una crisis de salud mental y que el

sistema para abordarla necesita mejorarse. “Se ha dado prioridad a las necesidades de salud física”, señala Gunja. “Ahora es el momento de priorizar la salud mental”.