La crisis de covid-19 en los centros de vida asistida

UNA RESPUESTA IMPROVISADA Aunque los hogares de ancianos están regulados por el Gobierno federal (y dependen en gran medida de los fondos federales a través de Medicare y Medicaid), los

centros de vida asistida, en su mayoría, no lo están; están certificados y regulados por los estados, y la mayoría funcionan con un modelo de pago privado. Entretenimiento Paramount+ 10% de

descuento en cualquier plan de Paramount+ See more Entretenimiento offers > La respuesta del Gobierno federal ante la COVID-19 en los hogares de ancianos ha sido ampliamente criticada por

ser muy poca  y tardía cuando se trata de exigir y apoyar las pruebas, el equipo de protección personal (EPP) y las visitas entre los residentes y sus seres queridos. Pero con respecto a

los centros de vida asistida, los estados están aún más solos. "El Gobierno federal se ha mostrado un poco indiferente al respecto, por lo que las cosas han evolucionado de manera

diferente de un lugar a otro", dice Ted Doyle, vicepresidente de Comunicaciones y ejecutivo fundador de LCB Senior Living, que administra 27 centros de vida asistida y de cuidados para

pacientes con trastornos de la memoria en seis estados del noreste. "Hemos estado trabajando estrechamente con diferentes departamentos de salud del estado para entender su punto de

vista, para obtener asesoramiento y para intentar conseguir equipo de protección personal", dice Doyle. "Y aunque hemos tenido algo de suerte, hemos tenido que hacer la mayor parte

por nuestra cuenta". Sus centros han perdido 54 residentes a los que se les diagnosticó COVID-19 en el momento de su muerte. El 7% de los residentes y el 7% del personal (unas 140

personas en cada categoría) también han dado positivo en algún momento en la prueba de COVID-19. Las principales estrategias de mitigación de coronavirus, como las pruebas, el suministro de

EPP y la dotación de personal, no se han aplicado de manera uniforme en todos los estados. Por ejemplo, Massachusetts ofreció pruebas gratuitas de la Guardia Nacional a los centros de vida

asistida desde abril hasta mediados de junio, lo que fue "muy útil", según Brian Doherty, presidente y director ejecutivo de la Massachusetts Assisted Living Association. Desde que

el programa cesó, no ha habido asistencia estatal ni reembolso por las pruebas a los centros de vida asistida, a pesar de que las pautas de Massachusetts recomiendan realizar pruebas en

forma periódica. En Kentucky, inicialmente se ofrecieron pruebas de detección gratuitas únicamente a los hogares de ancianos, y se dejó que las comunidades de vida asistida "se valieran

por sí mismas", dice Betsy Johnson, presidenta del Kentucky Center for Assisted Living. En julio, el estado comenzó a ofrecer a los centros de vida asistida reembolsos por los costos

de las muestras y los laboratorios, con el propósito de fomentar las pruebas de detección. Aunque el apoyo estatal "no fue tan rápido como queríamos", dice Johnson, continuará al

menos hasta el final del año. Aún así, hay confusión sobre cómo se realizarán las pruebas. "Los centros de vida asistida son un modelo de vida no médico, así que lo que el personal

puede hacer, ya sea que tome las muestras para las pruebas o reciba capacitación para hacerlo, no está muy claro en este momento", dice Johnson. "Todavía estamos esperando

orientación al respecto". Incluso dentro de los estados, hay discrepancias. California, por ejemplo, tiene pautas para la realización de pruebas en los centros de vida asistida, pero

delega la supervisión a los departamentos de salud de los condados, que a su vez tienen sus propias pautas. "A veces entran en conflicto", observa Clark, de Aegis. "Eso

aumenta la confusión del dilema".